Introducción
El 10 de julio de 2025, la Sala IV de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal marcó un hito en materia tributaria al emitir una sentencia unánime y trascendente en la causa “Roemmers SAICF”. El fallo declaró inconstitucionales los topes para deducir gastos de automóviles (amortizaciones en el Impuesto a las Ganancias y cómputo de crédito fiscal en el IVA) debido a su desactualización crónica desde 1997.
Esta sentencia, que revierte una decisión previa del Tribunal Fiscal de la Nación (TFN), establece un precedente fundamental en defensa de los principios constitucionales de razonabilidad y legalidad tributaria.
Antecedentes y Contexto del Caso
1. Origen de los Límites Fiscales: Las leyes 24.475 y 24.885 establecieron límites cuantitativos para la deducción de gastos y amortizaciones de automóviles. Los topes que se mantuvieron sin cambios son:
- $20.000 como valor máximo de adquisición para amortizar en Ganancias.
- $7.200 anuales para gastos de mantenimiento y funcionamiento.
- $4.200 para el cómputo del crédito fiscal de IVA (el 21% de $20.000).
Es crucial señalar que estos límites, fijados mayormente en 1997, permanecieron inalterados durante 27 años, atravesando contextos económicos radicalmente distintos.
2. Jurisprudencia Previa (TFN y Corte Suprema): El Tribunal Fiscal de la Nación (TFN) había validado la aplicación de estos límites a Roemmers, aunque redujo las multas al mínimo legal. Su decisión se fundamentó en la doctrina de la Corte Suprema en los casos «Roux Ocefa» y «Janssen Cilag Farmacéutica».
Estos fallos establecían que los laboratorios farmacéuticos no están exentos de los topes, ya que su actividad principal no es la explotación de vehículos (como sí lo es para empresas de alquiler, taxis o remises). Por lo tanto, la deducción sin límites solo se admitía para contribuyentes cuya actividad principal fuera, precisamente, el uso de automotores.
3. La Postura de Roemmers SAICF: Roemmers apeló la decisión del TFN, argumentando que aplicar topes desactualizados violaba su derecho de propiedad y el principio de legalidad tributaria. La empresa utiliza una flota de vehículos para sus Agentes de Propaganda Médica (APM), y el tribunal nunca discutió que estos automóviles eran necesarios para generar las ganancias gravadas de la compañía.
Mediante una prueba pericial clave, Roemmers demostró que si los topes se hubieran actualizado por el Índice de Precios Internos al Mayor (IPIM), los montos deducibles habrían sido muy superiores a los declarados, lo que demostraba que los límites históricos habían provocado un pago de impuestos en exceso.
El Fallo de la Cámara (Sala IV)
1. Ratificación de la Regla, Cuestionamiento del Monto: La Cámara ratificó la doctrina de la Corte Suprema, confirmando que Roemmers no califica para la excepción a la regla general de los topes. Sin embargo, el punto central y novedoso del fallo es que, si bien la existencia de un tope es legal, la falta de actualización lo convierte en inconstitucional por atentar contra la razonabilidad.
2. Argumentos de la Inconstitucionalidad:
- Incumplimiento del Mandato Legal: Los camaristas destacaron que la intención original del legislador era establecer límites razonables que debían ser revisados periódicamente. Las leyes utilizaban expresiones como «fije anualmente la Dirección General Impositiva», un mandato claro que la DGI (actual AFIP) incumplió por más de dos décadas.
- Irrazonabilidad y Distorsión: Esta omisión, en un contexto de alta inflación, despoja de toda razonabilidad a los montos, convirtiéndolos en cifras simbólicas y desnaturalizando el impuesto. En la práctica, esto distorsiona la base imponible del Impuesto a las Ganancias de una manera no prevista ni deseada por el legislador.
- Violación de la Jerarquía Normativa: La Cámara enfatizó que la inacción del organismo recaudador restringe irrazonablemente los derechos otorgados por la ley, lo que configura un exceso en las atribuciones del Poder Ejecutivo y una violación a su deber de reglamentar las leyes (art. 99, inc. 2º, de la Constitución Nacional).
3. La Relevancia de la Prueba Pericial: La prueba pericial resultó decisiva para demostrar el perjuicio concreto. Al probar que la falta de actualización generó un gravamen excesivo, quedó en evidencia la irrazonabilidad de la medida aplicada.
4. Resolución del Caso: La Cámara hizo lugar al recurso de Roemmers, declarando la inconstitucionalidad de los montos aplicados por el Fisco. En consecuencia, revocó la decisión del TFN y dejó sin efecto tanto el ajuste fiscal como las multas e intereses reclamados.
Conclusión: Implicancias y Pasos a Seguir
Beneficios Clave del Fallo:
- Sienta un Precedente Fundamental: Abre la puerta para que otros contribuyentes en situaciones similares puedan impugnar judicialmente topes y límites fiscales que, por su desactualización, se han vuelto confiscatorios.
- Refuerza Principios Constitucionales: Subraya la vigencia de los principios de razonabilidad, legalidad y derecho de propiedad, exigiendo que las normas fiscales se adapten a la realidad económica.
- Responsabiliza a la Autoridad Fiscal: Destaca la obligación de la AFIP de cumplir con el mandato legislativo de ajustar periódicamente los montos, evitando que su omisión perjudique a los contribuyentes.
Próximos Pasos para los Contribuyentes:
- Análisis Individual: Las empresas afectadas por estos topes deben evaluar su situación particular para determinar la viabilidad de un reclamo.
- Necesidad de Prueba: Será indispensable contar con una prueba pericial contable sólida que demuestre cómo la aplicación de los topes desactualizados ha generado un perjuicio económico concreto.
- Posible Apelación del Fisco: Es previsible que el Fisco Nacional apele la sentencia ante la Corte Suprema de Justicia. Por lo tanto, aunque el fallo es un antecedente de gran peso, la resolución final de la cuestión aún está pendiente.
En resumen, el Fallo Roemmers no solo representa una victoria para la empresa, sino que también constituye un llamado de atención a la administración fiscal y una herramienta jurídica de gran valor para todos los contribuyentes afectados por normativas anacrónicas en un contexto inflacionario.
